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Una ronda de indiciación
salarial
Benigno VALDÉS
Con su decisión de indiciar
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la inflación por decreto ley,
el gobierno ha preparado un buen lío. La CEOE ha puesto pies en pared y
ha dicho que bloqueará la negociación colectiva si esa decisión se
mantiene. La idea también ha disgustado al ministro de economía, Pedro
Solbes, quien se ha enfadado muchísimo. El ministro de  Trabajo, un poco abrumado por esas dos
re-acciones, empieza a pensar que la decisión del gobierno tal vez no
haya sido buena, y duda de si pedir ayuda al ministerio más ac-tivo del
gobierno Zapatero, el de Rectifica-ciones, para que informe de que todo
fue un malentendido. A su vez, esa duda ha enfada-do al Secretario
General de Empleo, que amenaza con dimitir porque los titubeos del
ministro cuestionan su labor en el ministe-rio. Por último, los
sindicatos, que celebraron la indiciación como una conquista social,
amenazan con ser ellos quienes rompan el dialogo si el gobierno
rectifica. ¡Será posible…!
Lo
que la prensa ha contado del lío no es mucho; más o menos, lo que he
descrito. En cambio, el porqué del lío mismo resulta muy enig-mático.
Algunos culpan de él a la CEOE, porque, si realmente el SMI es, como nos
dice, inferior al salario más bajo fijado por el mercado, ¿a qué viene su
protesta? Este argumento tendría peso si en verdad el SMI fuese una
figura legal decorativa. Pero ocurre que en España es utilizado como
referencia en la negociación colectiva para determinar el salario de
muchas categorías profesionales: «Tantas veces el SMI». De modo que, en
puridad, si éste se indiciara a la inflación, automáticamente quedarían
indiciados otros muchos. Y eso sí preocupa a las empresas. También les
preocupa, supongo, que una vez indiciado el SMI, los sindicatos lo
utilicen como precedente: Si el
SMI, y con él muchos salarios de convenio, están indiciados, ¿por qué no
indiciar los restantes? Dada la facilidad con que el gobierno recurre al B.O.E, no sorprende que la CEOE
esté espantada.
¿Y por qué?
La indiciación general obliga a que los salarios mone-tarios crezcan a la
misma tasa que la inflación, de modo que el salario real se mantiene
constante. En esas condiciones, si la productividad creciera las empresas
aún saldrían ganando y podrían, de hecho, aumentar el salario monetario
por encima de la inflación; si la productividad perma-neciera constante,
las empresas quedarían igual que antes porque el sa-lario real es el
mismo; pero si la productividad se redujera, quedaría por debajo del
salario real: para no incurrir en pérdidas, las empresas ten-drían que
(1) aumentar la productividad reduciendo las plantillas, y/o (2)
disminuir los salarios reales. Lo primero sería imposible, o muy costoso,
porque no hay despido libre; y lo segundo, ilegal debido a la
indiciación. En resumen: cuando hay indiciación, las empresas tienen pérdidas
cada vez que la productividad disminuye, y sin solución posible a corto
plazo. Ahora que alguien le diga a la CEOE
que, cuando eso ocurra, se aguante. No hace falta, pues, reunir a un
comité de sabios para averiguar por qué la CEOE
ha sufrido un ataque de nervios con la decisión del gobierno.
En el otro
extremo, muchos culpan del lío a los sindicatos porque siguen sin tomar
en serio el conocido consejo de Ortega: «el verdadero revolucionario lo
que tiene que hacer es dejar de pronunciar vocablos retóricos y ponerse a
estudiar economía». Se dice que, por no hacerlo, in-sisten en demandar lo
imposible. No comparto del todo esa crítica. Hoy en día muchos líderes
sindicales sí saben economía y son negociadores sensatos. Cierto, también
piensan que, por pedir, que no quede, pero no hay nada de gárrulo en eso.
Entonces, ¿de
quién es la culpa? Yo digo que del gobierno, que ne-goció la propuesta
con los sindicatos y, lejos de oponerse a ella, la aceptó. (¿En qué
estarían pensando?). Y no es excusa que ni Cadera ni Solbes estuvieran en
la negociación. Sí estaban sus representantes, el Secretario General de
Empleo y el Secretario de Estado de Economía. ¿Cómo es po-sible que los
sindicatos convencieran a estos dos? Da la impresión de que en el
gobierno reina la descoordinación. Pues bien, ahora que explique a los
sindicatos que lo acordado con ellos es sólo un brindis al sol.
Indiciar el
SMI a la inflación no es una buena idea. Primero, por lo ya expuesto en
relación con las empresas; segundo, porque podría con-vertirse en una
fuente inagotable de inflación; y tercero, porque hará imposible la
práctica de la política fiscal. En España el SMI se usa, tam-bién, para
referenciar muchas partidas del gasto social, de modo que en períodos de
elevada inflación ese gasto se disparará, elevando aún más la inflación y
ésta, a su vez, a los salarios, y así sucesivamente. Por otro la-do, el
éxito de la política fiscal depende de que el aumento de precios reduzca
el salario real, cosa que es imposible si el salario monetario está
indiciado a la inflación. De modo que la indiciación se daría de tortas
con el uso de la política fiscal si éste fuese necesario. Aunque esto no
pillara a Solbes en faena, porque la indiciación no entraría en vigor
hasta el año 2008, la biografía del ministro quedaría muy afectada: ¿Un
ministro so-cialista asesinando a la política fiscal? Sería lo nunca
visto.
Y ahora, ¿qué hacemos? Supongo que los implicados lo arreglarán
de la manera habitual, que consiste en complicar aún más la legislación
laboral, por ejemplo añadiéndole al acuerdo una cláusula que lo haga
impracticable aunque esté formalmente aprobado. Personalmente, no me
parece una solución acertada. Sería mucho mejor, por más justo y
efi-ciente, olvidarse de este asunto e indiciar el salario real a la
productivi-dad. Porque este lío hace buena aquella gloriosa frase del
conde de Ro-manones: «¡Joder, qué tropa!».
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